Cuando el Poder se Convierte en Impunidad

El reciente señalamiento de autoridades de Estados Unidos en contra del gobernador de Sinaloa y de al menos otros nueve funcionarios públicos mexicanos vuelve a colocar en el centro una pregunta incómoda, pero inevitable: ¿hasta cuándo la sociedad seguirá tolerando que quienes ocupan el poder lo utilicen para enriquecerse, proteger intereses indebidos o, en el peor de los casos, vincularse con la delincuencia?

Este no es un problema de partidos. No se trata de Morena, del PAN o del PRI. Reducirlo a una disputa ideológica es evadir el fondo. El problema es estructural: la utilización del cargo público como un medio de beneficio personal, económico o de poder, en detrimento del interés colectivo.

Un servidor público no puede, bajo ninguna circunstancia, enriquecerse a partir de su función. Tampoco puede aprovechar su posición para favorecer a terceros, manipular contratos, influir en decisiones o construir redes de privilegio. Mucho menos puede tolerarse cualquier forma de vínculo, directo o indirecto, con el crimen organizado.

La consecuencia es evidente. La delincuencia no disminuye porque encuentra protección, tolerancia o incluso colaboración desde el poder. Mientras quienes deben combatirla la permiten o la utilizan, cualquier estrategia de seguridad está condenada al fracaso.

El problema no es de partidos ni de ideologías. Todos han demostrado, en mayor o menor medida, ineficacia en el ejercicio del poder y la presencia de funcionarios corruptos dentro de sus filas, sino que el problema de fondo radica en un aparato público que no solo permite estas prácticas, sino que además las propicia; en consecuencia, mientras no exista una depuración real, cualquier discurso anticorrupción será insuficiente.








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